Análisis de Ley integral trans

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Transcripción desde página de IMPO e interlineado explicativo

LEY INTEGRAL PARA PERSONAS TRANS

Artículo 1

(Derecho a la identidad de género).- Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona.

El artículo 1 es la copia del artículo 1 de la ley 18620, derogado en el útlimo artículo de esta nueva norma.
Sin embargo, en el artículo 8 de la constitución dice “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”, por lo cual es una redundancia innecesaria especificar estos derechos, no son nuevos derechos; son derechos que todos los ciudadanos siempre han tenido.

Artículo 2

(Declaración de interés general).- Declárase de interés general el diseño, promoción e implementación de políticas públicas y de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a las personas trans que residen en el territorio de la República reconociéndose que han sido históricamente víctimas de discriminación y estigmatización por su condición de tales.

Artículo 3

(Objeto y alcance).- La presente ley tiene como objeto asegurar el derecho de las personas trans residentes de la República a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación.

Respecto a éste artículo nos preguntamos:
¿No tienen todas las personas el mismo derecho a una vida libre de estigmatización y discriminación?
¿Los ciudadanos que no son trans, no tienen derecho a políticas de prevención, protección, etc?

Artículo 4

(Definiciones).- A los efectos de la presente ley se entiende por:

A) Identidad de género: la vivencia interna e individual del género según el sentimiento y autodeterminación de cada persona, en coincidencia o no con el sexo asignado en el nacimiento, pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.

B) Expresión de género: toda exteriorización de la identidad de género tales como el lenguaje, la apariencia, el comportamiento, la vestimenta, las características corporales y el nombre.

C) Persona trans: la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual.

La ideología de género no tiene nada de ciencia y sí muchas mentiras que dañan a los niños, las familias, las libertades y la sociedad. 

Recientemente el Colegio de Pediatras de Estados Unidos ha dado a conocer una declaración, firmada por su presidenta y su vicepresidente y por uno de los más eminentes pediatras del país, titulada La ideología de género hace daño a los niños. En ella urgen a “educadores y legisladores” a “rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto”. “Son los hechos y no la ideología”, afirman, “quienes determinan la realidad”, esto es, que “la sexualidad es un rasgo biológico objetivo”.

Estas definiciones son las que vuelven peligrosa a esta ley, al basarse en mentiras, atentando contra la verdad científica.

Artículo 5

(Visibilidad).- Incorpórese la variable "identidad de género" en todos los sistemas oficiales de información estadística, incluidos los censos, las encuestas continuas de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven la variable "sexo".

Artículo 6

(Adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios).- Toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo, o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género.

La referida adecuación será de iniciativa personal del titular, quien debe formular la petición ante la Dirección General del Registro de Estado Civil, acreditando los antecedentes que la justifique junto con los demás requisitos que establezca la reglamentación.

Para el caso de menores de edad que no obtengan la anuencia de sus representantes legales o sea imposible obtenerla de quien debe prestarla, podrán recurrir a los mecanismos previstos en los artículos 110 del Código Civil y 404 del Código General del Proceso, concordantes y complementarias, debiéndose tener en cuenta el interés superior del menor, siendo de aplicación lo establecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño y en los artículos 8° y 11 bis de la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia).

Este artículo expresamente prevé la adecuación de nombre y sexo a la “identidad de género” estableciéndose para tal fin el mecanismo previsto para la obtención de autorización judicial cuando los representantes legales están en desacuerdo.

Leer más sobre cómo esta ley vulnera la Patria Potestad

Artículo 7

(Creación y competencia de la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género).- Créase una Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género que funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, integrada por tres miembros, incluido un especialista en Registro de Estado Civil que la presidirá y dos representantes que la reglamentación establecerá.

Dicha Comisión tendrá competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios exigidos para la adecuación de nombre o sexo en documentos de identificación y formular un informe que será elevado a consideración de la Dirección General del Registro de Estado Civil, la que resolverá sobre la petición en un plazo no superior a los treinta días hábiles, a cuyos efectos podrá solicitar a las instituciones públicas y privadas la información que estime indispensable para el cumplimiento de sus cometidos.

El informe producido por la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género tendrá carácter reservado. No podrá ser exigida su presentación para la realización de trámite público o privado alguno, salvo si mediare orden judicial de sede competente.

Artículo 8

(Resolución de la Dirección General del Registro de Estado Civil).- La resolución que haga lugar a la petición debe comunicarse al Oficial del Registro de Estado Civil correspondiente, ordenando la rectificación de las partidas respectivas en un plazo no mayor a treinta días.

La Dirección General del Registro de Estado Civil debe remitir testimonio de las partidas rectificadas al Gobierno Departamental respectivo, a la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral y a la Dirección General de Registros, a fin de que se efectúen las correspondientes modificaciones, inscripciones o anotaciones en los documentos pertinentes. En todos los casos se conservará el mismo número de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica.

Producida la adecuación registral, esta no podrá iniciarse nuevamente hasta transcurridos cinco años a partir de la fecha de rectificación de la partida de nacimiento. En caso de iniciarse nueva solicitud de adecuación registral de nombre y sexo, la misma debe ser al nombre anterior.

Este articulado habilita la modificación de la partida de nacimiento de una persona,
Llama la atención que una persona puede decidir en 30 días si se va a pasar del sexo de nacimiento (el genético) al otro sexo u otro de los géneros que perciban (ej. no binario, queer, etc.), el problema radica es que en caso de que se arrepienta de esta desición debe esperar 5 años para el cambio nuevamente en documentos. En años vida de un menor, esto puede representar por ejemplo toda su adolescencia o período escolar.

Más llama la atención e inquieta hablando de menores, donde (hipótesis) un niño que se siente niña con 8 años y se cambia de nombre, si a los 10 se vuelve a sentir niño y quiere volver a cambiarse de nombre y sexo deberá esperar hasta las 13 años.

Artículo 9

(Efectos).- La resolución que autorice la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo, tendrá efectos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento.

Frente a terceros, la inscripción del acto que corresponda registrar en la Dirección General de Registros, será oponible a partir de la fecha de su inscripción en el Registro.

En ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica ni será oponible a terceros de buena fe.

El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición.

A los efectos registrales, el cambio de cualquier dato que incida en la identificación del sujeto conforme a esta ley, no implicará el cambio de la titularidad jurídica de los actos inscriptos en la Dirección General de Registros. A estos efectos, el Registro siempre considerará la rectificación como un acto modificativo que deberá vincularse con la inscripción anterior.

Artículo 10

(Régimen reparatorio).- Establécese un régimen reparatorio para las personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, que acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos.

No tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo las personas titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la prestación reparatoria, ni quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 BPC (quince Bases de Prestaciones y Contribuciones) mensuales, calculados en promedio anual. Tampoco tendrán derecho a percibir dicha prestación aquellos que se hayan acogido a las prestaciones previstas en las Leyes N° 15.737, de 8 de marzo de 1985, N° 15.783, de 28 de noviembre de 1985, N° 16.163, de 21 de diciembre de 1990, N° 16.194, de 12 de julio de 1991, N° 16.451, de 16 de diciembre de 1993, N° 16.561, de 19 de agosto de 1994, N° 17.061, de 24 de diciembre de 1998, N° 17.620, de 17 de febrero de 2003, N° 17.917, de 30 de octubre de 2005, N° 17.949, de 8 de enero de 2006, N° 18.596, de 18 de setiembre de 2009 y disposiciones análogas.

Los beneficiarios tendrán derecho a una prestación reparatoria equivalente en pesos uruguayos a 3 BPC (tres Bases de Prestaciones y Contribuciones) mensuales. La misma se hará efectiva a partir de la fecha de la resolución que ampare la petición, siendo de carácter personalísima, vitalicia y retroactiva al momento de su presentación en las condiciones que prevea la reglamentación.

Las erogaciones resultantes de la aplicación del presente artículo se atenderán con cargo a los créditos presupuestales del Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", que se prevean en la próxima instancia presupuestal, los que deben identificarse en un programa específico.

El plazo de presentación de la petición para acogerse al beneficio regulado en este artículo será de diez años a partir de la promulgación de la presente ley. Los créditos derivados del beneficio que prevé este artículo no prescribirán.

La reglamentación determinará las condiciones particulares de acceso a este beneficio.

Artículo 11

(Comisión Especial Reparatoria).- Créase una Comisión Especial Honoraria Reparatoria que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y tendrá los cometidos de recibir, sustanciar y resolver las solicitudes de amparo al régimen previsto en el artículo 10 de la presente ley y que se integrará de la siguiente manera:

A) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá.

B) Un representante del Ministerio del Interior.

C) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

D) Un representante del Banco de Previsión Social.

E) Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La comisión debe constituirse dentro de los treinta días contados a partir de la vigencia de la presente ley, correspondiendo al Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 12

(Porcentaje de puestos de trabajo a ocupar en el año).- El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal, deben destinar el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos.

Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil la presentación anual de la información que surja de la aplicación del presente artículo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 29 de la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017, y por el artículo 5° de la presente ley.

Lo previsto en el inciso primero de este artículo regirá por el plazo de quince años a partir de la promulgación de esta ley. El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual realizará el seguimiento de la presente ley y a partir del quinto año de su vigencia presentará un informe de evaluación del impacto de las medidas dispuestas en la misma.

Mientras cada vez son más, las voces que plantean la necesidad de la reducción de la plantilla de empleados públicos y de quienes mantienen otro tipo de vínculos laborales con el Estado, instrumentando esquemas de incentivo para el pasaje de los mismos al sector privado, lo cual se vuelve imperioso a la hora de reducir el insostenible déficit fiscal que tiene nuestro país, tan pesado de llevar para la espalda productiva del país, esta ley crea una nueva cuota para el acceso al empleo publico, en este caso no respondiendo a otra cosa que la subvención por vía laboral de las preferencias personales de un sector de la población.

Así mismo, dadas las cifras totales de número de empleados públicos que mantiene el Estado, el porcentaje diferenciador permitido por ley, establece una cuota obligatoria para 3000 personas, quienes no accederán a un puesto público por sus talentos o virtudes único elemento diferenciador que concibe nuestra Constitución, si no por imperio de esta injusta ley que prioriza unos uruguayos sobre otros.

No solo eso si no que a su vez, indirectamente, se esta promoviendo la transexualidad, dado que según censos oficiales en nuestro país existen 853 personas trans, nos preguntamos cómo se completarán los cupos de no haber mas trans en los próximos años? ¿Se busca incentivar el crecimiento de estas preferencias? De lo contrario el estado estará incumpliendo en sus cuotas por falta de personas que completen las vacantes en los diferentes organismos.

Artículo 13

(Programas de capacitación y calificación).- Encomiéndase al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional la determinación de un cupo no inferior al 1% (uno por ciento) destinado a las personas trans, en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente.

Artículo 14

(*)Notas:  Este artículo agregó a: Ley Nº 16.906 de 07/01/1998 artículo 11 Inciso 
3º), literal H). 

A la “LEY DE INVERSIONES. PROMOCION INDUSTRIAL”, en su artículo sobre los “ESTIMULOS RESPECTO A INVERSIONES ESPECIFICAS” agrega el siguiente texto que citamos a continuación:

H) Incorporen a la plantilla de personal de la empresa personas trans que residan en la República. (*)

Artículo 15

(Inclusión educativa).- Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 202 y 204 de la Constitución de la República, los órganos y organismos responsables de las políticas educativas de todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, asegurarán la inclusión de las personas trans a lo largo de su vida educativa, conforme a los principios previstos en la Ley N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008 (Ley General de Educación).

Artículo 16

(Responsabilidades de las Instituciones y Organismos Educativos).- A los fines de lo establecido en el artículo anterior, todas las instituciones y organismos involucrados en el sistema educativo deben:

A) Asegurar que las personas trans no sean excluidas del sistema educativo nacional por razones de identidad de género.

B) Prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico, en su caso conforme a la reglamentación respectiva, a las personas trans, con el fin de concretar efectivamente su desarrollo académico y social.

C) Incorporar a personas trans en sus programas para culminar estudios a nivel de educación primaria, educación media básica y media superior así como terciaria, facilitándoles el acceso a los cupos disponibles y becas que se otorguen en los casos pertinentes.

Artículo 17

(Becas y apoyos estudiantiles).- Los órganos, organismos e instituciones que asignen becas y apoyos estudiantiles a nivel nacional y departamental, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deben prever cupos del 2% (dos por ciento) para personas trans, siendo de aplicación en lo pertinente lo establecido en los artículos 202 y 204 de la Constitución de la República.

El Ministerio de Educación y Cultura, en su calidad de administrador de la Beca Carlos Quijano creada por el artículo 32 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 201 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, otorgará un mínimo de un 8% (ocho por ciento) del fondo a personas trans, que asegure en todo caso al menos un cupo. De no contarse con postulantes suficientes dentro de esta cuota, se utilizarán los recursos remanentes para el resto de los candidatos.

Artículo 18

(Derecho a la cultura).- Prohíbese toda forma de discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el pleno goce de sus derechos culturales.

Considérese de interés general el diseño, fomento, promoción e implementación de planes, programas y políticas culturales, así como la incorporación de la perspectiva de la identidad de género e identidades trans, en los diferentes sistemas existentes, becas, asignación de fondos y acceso a bienes culturales, de carácter público o privado.

Artículo 19

(Derecho a la salud).- Prohíbese toda forma de discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el derecho al acceso a los servicios de salud conforme a la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007 (Sistema Nacional Integrado de Salud) y a los brindados por los demás prestadores habilitados por ley.

Artículo 20

(Guías de recomendación o protocolos de actuación).- Para el abordaje de las necesidades sanitarias de las personas trans, la autoridad competente debe elaborar guías de recomendaciones o protocolos de actuación que prevean la constitución de equipos multidisciplinarios y especializados en identidad de género y diversidad sexual.

Los prestadores de salud deben garantizar en forma permanente a las personas trans y sus familiares:

A) El derecho a la información, orientación y asesoramiento en relación con las necesidades de apoyo específicamente ligadas a su condición de persona trans, conforme a los principios y directrices de la presente ley.

B) El respeto a la confidencialidad de los datos relativos a la identidad de género de las personas trans en todos sus procedimientos.

C) Al consentimiento informado y a un proceso de decisión compartido para personas trans.

D) Los derechos consagrados por la presente ley.

Todas las prestaciones de salud contempladas en la presente ley quedan incluidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud y es obligatoria para los demás prestadores públicos y privados de salud habilitados por ley, conforme lo disponga la reglamentación.

Desde el 30 de abril, las personas transexuales pueden solicitar a sus prestadores de salud una intervención quirúrgica total o parcial y/o iniciar el proceso de hormonización según lo dispuso la Ley Integral para Personas Transexuales.
Para los prestadores privados, la inclusión de estos procedimientos en la canasta básica de prestaciones significa que deben garantizar sin excepciones los derechos que la norma reconoce, sin poder ampararse en el derecho de admisión.
Una de las principales preocupaciones de las instituciones es que no cualquier profesional está preparado para realizar la cirugía de reasignación de sexo. En la mayoría de las mutualistas de salud si uno de los socios la solicitara, el prestador tendría que contratar a un profesional de manera puntual, ya que no hay personal medico que pudiera realizarlo, generando una importante erogación economica para dicho prestador.

Al considerar que los procedimientos quirúrgicos y de hormonización entran en la canasta de prestaciones, hay que tener en cuenta que hay un montón de medicamentos de alto costo, por ejemplo para el cáncer, u operaciones que deben realizarse en otros países que no están siendo cubiertas por el Estado. Es injusta una ley que obliga a los prestadores de salud a otorgar estos servicios de forma gratuita sin considerar casos tan graves como los mencionados.

A su vez la norma ordena a que todos los prestadores de salud garanticen los tratamientos hormonales y operaciones. ¿Qué sucede si la persona vuelve a identificarse con su sexo biológico, una vez que ya hizo alguna modificación en su cuerpo por medio de hormonización y/u operación? ¿Todos los prestadores de salud tendrán la obligación de garantizar operaciones u tratamientos que retrocedan el cambio del cuerpo? En el caso de los prestadores de salud públicos, tales operaciones o tratamientos serán pagos con dinero de los contribuyentes. ¿También será obligación para ellos garantizar que la persona vuelva a tener su cuerpo conforme a su sexo biológico original? Está claro que estas operaciones son deseos estéticos de los solicitantes en base a lo que sienten, pero en ningún caso son urgentes para su salud. Por lo tanto no deberían ser prioridad en los gastos que el Gobierno asume, teniendo en cuenta que si es urgente, y de mayor necesidad, el uso de recursos por ejemplo para medicamentos de altos costos.

Artículo 21

(Derecho a la atención integral).- Toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007 (Sistema Nacional Integrado de Salud), incluidos los tratamientos médico quirúrgicos.

Los derechos y obligaciones de las personas trans respecto de los tratamientos, programas y prestaciones referidos en el párrafo anterior, se regirán en lo pertinente por lo dispuesto en los artículos 8° y 11 bis de la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y Adolescencia) y en las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.335, de 15 de agosto de 2008 (Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud) y su reglamentación.

Para que las personas menores de dieciocho años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto.

Según este art. de la ley “Toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género” al decir “toda persona” la ley no diferencia entre mayores y menores, por lo cual si están incluidos los menores en el acceso a la hormonización y operaciones quirúrgicas. A su vez en el segundo párrafo se aclara que dichos tratamientos en el caso de menores se hará de acuerdo a la autonomía progresiva y teniendo en cuenta el interés superior del menor. Por lo establecido a texto expreso se infiere que los menores pueden someterse a estos tratamientos.

¿Esto puede hacerse sin el permiso de los padres? Si, debemos recordar que lo que no está prohibido está permitido, por lo tanto dado que se requiere específicamente autorización de los representante para la realización de operaciones quirúrgicas a menores, y solo para esto de acuerdo a lo que dice para la ley, se infiere que para lo demás la ley no plantea como requisito la autorización de los padres.

Si, específicamente lo prevé este artículo, los menores de edad pueden acceder a “intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género” si bien se requiere en este caso y solo para las operaciones, la autorización de los representantes legales.

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Artículo 22

(Derecho a soluciones habitacionales).- Prohíbese toda forma de discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el pleno goce de sus derechos a soluciones habitacionales.

Considérase de interés general la incorporación de la perspectiva de la identidad de género e identidades trans, en los programas y políticas que garantizan el acceso a soluciones habitacionales.

Al considerarse de interés general la incorporación de la perspectiva de género en el acceso a soluciones habitacionales, este artículo deviene en inconstitucional debido a que choca en su contenido con el art 45 de nuestra Constitución el cual establece: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.

Cuando por medio de una ley se pretende favorecer a determinado grupo, dado que los recursos estatales son limitados, se desatiende al resto de la población; sobre todo a aquella porción de la ciudadanía con necesidades básicas insatisfechas, como lo recoge el art 41 de la Constitución del Ururuguay “Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten” Existen diferentes segmentos de la sociedad que se verían discriminados al establecer que un determinado sector es considerado prioritario (familias númerosas, jubilados pensionistas, discapacitados, etc).

Artículo 23

(Reglamentación).- El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual elevará al Poder Ejecutivo, en el término de noventa días a partir de la promulgación de la presente ley, un proyecto de reglamentación para su consideración.

Artículo 24

(Derogación).- Derógase la Ley N° 18.620, de 25 de octubre de 2009.

TABARÉ VÁZQUEZ - MARINA ARISMENDI - EDUARDO BONOMI - DANILO ASTORI - MARÍA JULIA MUÑOZ - ERNESTO MURRO - JORGE BASSO